Orden de precedencia en actos oficiales

El orden de precedencia en los actos oficiales en España lo regula el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, que aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado. Fija quién preside, cómo se distribuyen las autoridades alrededor de la presidencia y en qué orden se colocan. Lo que no hace —y esta guía se detiene en ello— es ordenar a los concejales de un ayuntamiento.

Todas las citas de esta página están tomadas del texto consolidado publicado por el BOE y llevan indicado el artículo del que proceden, para que puedan comprobarse una a una.

La norma, en datos

Conviene empezar por lo que el propio Real Decreto dice de sí mismo, porque desactiva la mayor parte de los conflictos que genera. Su artículo 1.2 establece que el alcance de sus normas «queda limitado a dicho ámbito, sin que su determinación confiera por sí honor o jerarquía, ni implique, fuera de él, modificación del propio rango, competencia o funciones reconocidas o atribuidas por la Ley». Dicho de otro modo: la precedencia ordena una colocación en un acto. No otorga rango, no premia y no ofende.

Las reglas que resuelven la mayoría de los casos

Antes de acudir a las listas, hay cuatro reglas generales que despachan casi cualquier duda práctica.

• Preside quien organiza (art. 4.1): «Los actos serán presididos por la autoridad que los organice. En caso de que dicha autoridad no ostentase la presidencia, ocupará lugar inmediato a la misma».
• Alternancia a derecha e izquierda (art. 4.1): las demás autoridades se distribuyen «alternándose a derecha e izquierda del lugar ocupado por la presidencia».
• En caso de empate, gana el local (art. 4.2): «Si concurrieran varias personas del mismo rango y orden de precedencia, prevalecerá siempre la de la propia residencia».
• Quien representa no hereda el puesto (art. 9): la persona que representa a una autoridad superior a su propio rango «no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa y ocupará el lugar que le corresponda por su propio rango», salvo que ostente expresamente la representación del Rey o del Presidente del Gobierno.

Esa última regla es la que más se incumple en la práctica, y la que más relación tiene con la gestión diaria de un acto: cuando una autoridad delega en otra persona, quien acude ocupa el lugar de su cargo, no el de quien le envió. Por eso una delegación no es un simple cambio de nombre en la lista de invitados; puede alterar la composición entera de la presidencia.

Actos generales y actos especiales: no se ordenan igual

El artículo 3 divide los actos oficiales en dos categorías, y de la categoría depende quién manda sobre la precedencia. Son actos de carácter general los organizados por la Corona, el Gobierno, la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales «con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos nacionales, de las autonomías, provinciales o locales». Son actos de carácter especial los organizados por determinadas instituciones, organismos o autoridades «con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos propios del ámbito especifico de sus respectivos servicios, funciones y actividades».

La consecuencia es importante. En los actos generales organizados por la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado, la precedencia «se ajustará a las prescripciones del presente Ordenamiento» (art. 5.1): el Real Decreto es imperativo. En los actos especiales, en cambio, el artículo 6 dice que la precedencia «se determinará por quien los organice, de acuerdo con su normativa específica, sus costumbres y tradiciones y, en su caso, con los criterios establecidos en el presente Ordenamiento». Ese «en su caso» convierte al Real Decreto en criterio supletorio. Un acto académico universitario, por ejemplo, se rige antes por su propio ceremonial que por esta norma.

Los tres rangos de ordenación

El artículo 8 distingue tres rangos, y confundirlos es el origen de buena parte de los errores: «El régimen general de precedencias se distribuye en tres rangos de ordenación: el individual o personal, el departamental y el colegiado». El individual «regula el orden singular de autoridades, titulares de cargos públicos o personalidades». El departamental «regula la ordenación de los Ministerios». Y el colegiado «regula la prelación entre las Instituciones y Corporaciones cuando asistan a los actos oficiales con dicha presencia institucional o corporativa, teniendo así carácter colectivo y sin extenderse a sus respectivos miembros en particular».

Esa última frase del artículo 8.3 es la clave de todo lo que viene después: cuando un ayuntamiento acude como corporación, ocupa su puesto en bloque, y el Real Decreto no baja a ordenar a las personas que lo componen.

Precedencia individual en el territorio de una Comunidad Autónoma

Es la lista que se aplica a cualquier acto general fuera de Madrid, y por tanto la que interesa a la práctica totalidad de ayuntamientos y diputaciones. La reproduce el artículo 12 completo.

Para actos celebrados en la villa de Madrid rige la lista del artículo 10, de 41 puestos, en la que el Alcalde de Madrid ocupa el número 16 y los Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, el 41.

Una lista que nombra cargos que ya no existen

Es la primera sorpresa de cualquiera que acuda hoy al texto oficial buscando resolver un acto. La lista del artículo 12 sigue nombrando al Gobernador civil de la provincia (puesto 38), figura sustituida por la de Subdelegado del Gobierno; al Presidente de la Audiencia Territorial (44), órgano suprimido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985; y al Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (27), suprimido en 1987. También la lista de Ministerios del artículo 15 es la de 1983 e incluye departamentos que hace décadas que no existen con ese nombre.

Esto no significa que la norma esté derogada: significa que su articulado no se ha actualizado y que el BOE no ha consolidado ninguna corrección de esos nombres. En la práctica, cada equipo de protocolo hace la equivalencia con el cargo actual correspondiente. Conviene saberlo antes de citar la lista en un documento oficial, y conviene no dar por automática ninguna equivalencia: algunas son evidentes y otras exigen comprobación caso por caso.

El vacío: dónde va un concejal

Aquí está el problema que ninguna lista resuelve, y que aparece en cuanto se organiza el primer acto municipal. El RD 2099/1983 no menciona a los concejales ni una sola vez. La palabra no figura en su articulado. La cadena municipal que la norma dibuja es completa en su brevedad: Alcalde, y después Tenientes de Alcalde. Nada más. En la lista de Madrid, de hecho, los Tenientes de Alcalde son el último puesto: el artículo 10 termina ahí.

No es un descuido del legislador. Es coherente con el diseño de la norma, que en su artículo 1.1 acota su objeto al «régimen de precedencias de los cargos y entes públicos» y en su artículo 8.3 excluye expresamente a los miembros de las corporaciones cuando estas actúan de forma colegiada. El RD 2099/1983 es un ordenamiento del Estado, no un reglamento de protocolo municipal, y no pretendía serlo.

Qué llena ese vacío

El propio Real Decreto remite la solución a otras normas, en tres pasajes distintos que conviene tener localizados.

Merece la pena detenerse en lo que el ROF no dice, porque se le atribuye a menudo. El ROF no regula precedencias protocolarias. Ni la palabra «precedencia» ni la palabra «protocolo» aparecen en su texto. El precepto que suele citarse como sucedáneo es su artículo 89, según el cual los miembros de la Corporación «tomarán asiento en el Salón de Sesiones unidos a su grupo», determinando el Presidente el orden de colocación de los grupos, oídos los portavoces, «teniendo preferencia el grupo formado por los miembros de la lista que hubiera obtenido mayor número de votos». Pero ese artículo ordena grupos políticos en un pleno, y lo hace con una finalidad que el propio precepto declara: «facilitar la emisión y recuento de los votos». Tomarlo como regla de precedencia para un acto oficial es una extrapolación razonable y muy extendida, no una aplicación literal de la norma. Conviene usarlo sabiendo lo que es.

La conclusión práctica es que el orden de los concejales lo decide cada corporación, y que lo sensato es dejarlo escrito —en un reglamento municipal de protocolo o en un criterio interno aprobado— en lugar de resolverlo cada vez sobre la marcha. La norma estatal no solo lo permite: da por supuesto que se hará así.

¿Y en Galicia?

No consta una norma autonómica gallega de precedencias de carácter general. Lo único localizado en fuente oficial es una regla sectorial: el Decreto 211/2007, de 25 de octubre (DOG núm. 220, de 14 de noviembre de 2007), cuyo artículo 2º.d) sitúa a las ex-presidentas y ex-presidentes de la Xunta, en los actos oficiales organizados por la comunidad autónoma y dentro de su territorio, «en el lugar inmediatamente posterior a los titulares de los departamentos de la Xunta de Galicia», ordenándose entre sí por la antigüedad de su toma de posesión. La Ley 5/1997 de Administración Local de Galicia no contiene ninguna regla de precedencia ni de protocolo.

Qué tiene esto que ver con gestionar un acto

Más de lo que parece. Casi todas las reglas anteriores dependen de un dato que suele estar mal guardado: en calidad de qué cargo asiste cada persona. La misma persona puede acudir a un acto como concejala y a otro como presidenta de un patronato, y su lugar cambia. Si el listado de invitados solo guarda nombres y correos —como hace una hoja de cálculo—, ese dato se pierde y hay que reconstruirlo de memoria en cada acto. Y cuando alguien delega, el artículo 9 obliga a recolocar: quien acude ocupa el lugar de su propio cargo. Sin registro de quién delegó en quién, esa recolocación se improvisa el mismo día.

Un software de protocolo institucional se distingue precisamente por conservar esa información: personas con varios cargos, activos e históricos, y una invitación que se cursa en calidad de uno de ellos. InvitoPro guarda el cargo con el que se invita a cada persona y registra las delegaciones con quién delega, en quién y por qué. No calcula automáticamente la disposición de una presidencia —eso hoy no lo hace—, pero mantiene íntegros los datos con los que esa decisión se toma.

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